Desde la Red FACIAM celebramos la reciente noticia del comienzo del proceso de regularización de personas migrantes en situación irregular, en el próximo Consejo de Ministros. Desde que se promulgó la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España se han producido 7 procesos de regularización masiva, incluido la que ahora se anuncia.
Las regularizaciones son necesarias, pero siempre tardías. En diciembre de 2022 se produjo un nuevo apoyo a estos procesos por parte de más de 800 colectivos que lograron 700.000 firmas para tramitar una iniciativa legislativa popular. Ha sido un clamor de la sociedad organizada que consiguió un consenso político que más tarde, vimos cómo se desviaba por intereses de coyuntura de las mismas fuerzas políticas que lo habían apoyado. Reconocemos un logro que demuestra que cuando se aúnan fuerzas en la ciudadanía y se reclama algo de absoluta justicia, se puede conseguir. No solo con el voto se interviene en los cambios sociales, sino con la participación e incidencia activa.
En el sector social somos plenamente conscientes de los efectos de la regularización administrativa en los procesos de incorporación social. El acceso al sistema de protección social, a los mecanismos de garantía de derechos, a la escolarización normalizada, al acceso a la sanidad universal, y al ejercicio del papel como ciudadanos y ciudadanas activos en el ámbito del empleo, permite también a las personas migrantes contribuir a la mejora de nuestra sociedad permitiéndoles cumplir con sus obligaciones ciudadanas.
Los retrasos y resistencias a estos procesos de regularización administrativa no hacen otra cosa que empeorar la inclusión social de las personas migrantes migrantes y expulsarles del sistema social, generando un caldo de cultivo tremendamente negativo para el devenir social. Pero dicho esto, los procesos de regularización se acaban produciendo tras muchos años de sufrimiento y exclusión de muchas personas que conviven y trabajan ya en nuestra sociedad y que podrían evitarse si los procesos de incorporación social y administrativa fuesen procesos normalizados en el tiempo y no sucesos extraordinarios cuando se acumulan tantos miles de personas en situación irregular.
Prevenir el sinhogarismo es también regularizar la situación administrativa de las personas. Desde FACIAM, como última red de atención social a personas en situación de sin hogar, somos plenamente conscientes de que la falta de políticas de integración adecuadas termina convirtiendo a muchas personas migrantes en expulsados sociales, que son los que acaban siendo acogidos por redes de atención a las que no deberían llegar.
Las personas migrantes son parte de nuestra sociedad, como lo han sido de todas las sociedades en todas las épocas y tiempos. Pero en los últimos años estamos comprobando que, de manera más agudizada, han pasado a ser uno de los centros de la agenda tóxica de la política de defensa identitaria de las sociedades cerradas. Sacarlas de esta agenda es prioritario para que se pueda ordenar toda la riqueza que las personas migrantes aportan a nuestro país. Es prioritario que los diferentes niveles de nuestras Administraciones Públicas se pongan de acuerdo en la construcción de los procesos de acogida y participación social que contribuyan a la normalización.
Es necesario en pleno siglo XXI, seguir trabajando y sensibilizando a la ciudadanía para cambiar el discurso del odio hacia las personas migrantes, tal como estamos viendo diariamente en las noticias de manera alarmante, por discursos que reclamen la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. Una sociedad que integra y normaliza, que reconoce el valor de quienes llegan a nuestro país a construir una vida y a aportar su valor, es una sociedad más pacífica, más rica, más civilizada, y con más bienestar.