De forma alarmante, somos testigos de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello es necesario y urgente seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas.
Es imprescindible comprender a la persona de forma integral, eliminando prejuicios que nos distorsionan la mirada. No podemos permitir que el Estado, la Administración Pública, cada uno de nosotros y de nosotras, volvamos la cabeza hacia otro lado. Implicarnos supone acompañar en reclamar y denunciar los derechos vulnerados que no tienen un hoga generando una red comunitaria y afectiva.
En nuestro contexto social, se han ido dibujando un panorama de dificultades emergentes:
- Situaciones de exclusión mucho más severas, personas con mayor deterioro especialmente psicoemocional.
- Una problemática de la vivienda que se va agudizando y aumenta las situaciones de sinhogarismo en hombres, mujeres y familias.
- Una precariedad laboral que obstaculiza a muchas personas a vivir con estabilidad e iniciar proyectos vitales nuevos.
- Más personas en situación de irregularidad administrativa. Políticas europeas de extranjería cada vez más restrictivas.
Esta realidad que nos incumbe e interpela nos muestra más personas viviendo en las periferias sin acceso a derechos, en un contexto de clara desprotección social, lo que va conformando un modelo de sociedad que, en vez de velar por los derechos humanos de todas las personas, expulsa a los más frágiles y vulnerables.
